Okupación: algunos datos que todos deberíamos conocer

La difícil situación de los desahucios en tiempos de crisis

La denuncia a personas que se declaran en estado de alta vulnerabilidad, como padres de familia con hijos a su cargo o personas incluidas en un ERTE, hace cada vez más difícil la situación y los desahucios no pueden realizarse a personas que no pueden pagar un alquiler a causa de la crisis sanitaria, reducciones de jornadas o personas al cargo de mayores.

La situación de los desahucios es especialmente complicada en el contexto de la crisis sanitaria actual. Muchas personas se han visto afectadas por la reducción de jornadas laborales o la pérdida de empleo debido a la pandemia, lo que ha dificultado su capacidad para hacer frente a los gastos de alquiler. Además, hay casos en los que personas con hijos a su cargo o en situaciones de vulnerabilidad se han declarado insolventes, lo que complica aún más la situación de los propietarios.

Esto ha llevado a una situación en la que los desahucios no pueden llevarse a cabo, y los propietarios se ven obligados a buscar soluciones alternativas para recuperar sus viviendas. Algunos propietarios han optado por el alquiler a corto plazo o la venta de sus propiedades para obtener liquidez, mientras que otros han buscado la mediación con los inquilinos para alcanzar acuerdos que permitan el pago de la deuda.

La problemática de la okupación ilegal de viviendas

Existe además un gran desconocimiento por parte de la sociedad, de cuáles son los verdaderos problemas a los que se puede enfrentar un propietario.  Esto incluso en su vivienda habitual, en el caso de okupación y de la prolongada situación legal que implica, una vez se descubre que una casa ha sido okupada por mafias o particulares informados de los procesos legales que les permiten seguir entrando en viviendas, sobre todo en periodos de vacaciones y zonas de baja habitabilidad estival.

El okupa intenta pasar desapercibido durante 72 horas, sin que el vecindario se dé cuenta de su presencia, ya que necesita este plazo para demostrar que está “establecido” en la vivienda, y la policía solo puede actuar si se declara la okupación antes de 48 horas.  Es por esto, que la rapidez en la denuncia se ha convertido en algo tan valioso durante estos procesos.

¿Cómo es el procedimiento de desocupación de una vivienda?

La policía después de 48 horas, solo puede desahuciar con una orden judicial, algo que para el okupa no tiene ningún coste, no así para el propietario, que puede verse inmerso en un proceso judicial de varios años. Solo tienen que justificar que llevan en la vivienda más de 48 horas, y eso, sin testimonios en contra de vecinos o la justificación que aporta un sistema de seguridad homologado, como prueba del allanamiento, dificulta que la policía pueda justificar un “delito flagrante” y ejecute el desalojo.  No siempre se encuentran pruebas claras como el cambio de cerradura o entradas forzadas, ya que a veces puede entrarse a una vivienda de un modo mucho más sencillo, sin necesidad de destrozos o ruídos que alerten al vecindario. Por no hablar de las viviendas apartadas o segundas residencias, donde el caso se acentúa aín más por la facilidad de entrada y la falta de testigos del allanamiento.

Es por eso que una casa con alarma supone “un problema añadido” al ocupador, ya que es una vivienda más inaccesible, donde en minutos existe una denuncia clara de allanamiento, fotos e imágenes de la ocupación y en los casos en los que se disponga de servicio de acuda, un vigilante que certifica la okupación y puede gestionar con las autoridades la entrada ilegal de un local o vivienda.

Las leyes resultan por tanto muy contradictorias:  los okupadores se declaran generalmente insolventes ante cualquier delito de faltas o multas derivadas de la entrada ilegal en los domicilios, y los propietarios además, no suelen poder cortar los suministros de luz, agua y gas, ya que el proceso de desahucio se alarga en el tiempo y como mucho reciben multas de entre 3 a 6 meses ( Art 245. Del código penal)